Una juez federal ordena a la Administración Trump financiar la instalación de estaciones de carga de vehículos eléctricos en 14 estados
La Administración Trump suspendió un programa impulsado por la Administración Biden y aprobado por el Congreso para otorgar 5.000 millones de dólares.

Estación de carga de vehículos eléctricos
La Justicia federal ordenó a la Administración Trump que entregue miles de millones de dólares a 14 estados para la instalación de estaciones de carga de vehículos eléctricos.
La juez federal Tana Lin, del Tribunal del Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington, falló en contra de la Administración Trump, que tendrá de plazo hasta el 2 de julio para recurrir o cumplir con la orden.
Estos recursos económicos se desprenden de un programa -National Electric Vehicle Infrastructure (NEVI)- que contempla la entrega de 5.000 millones de dólares para financiar la instalación de redes de carga de vehículos eléctricos.
Dicho programa fue parte de un proyecto de ley impulsado por la Administración Biden y que fue aprobado por el Congreso en 2022.
No obstante, la Administración Trump decidió suspenderlo en febrero, lo que llevó a varios estados -todos gobernados por demócratas y liderados por California- a impugnar la decisión en los tribunales.
Ahora, la juez Lin se puso del lado de los demandantes, alegando que la Administración Trump se extralimitó al suspender la partida económica concedida para este proyecto.
"Cuando el poder ejecutivo invade la voluntad del poder legislativo y una agencia administrativa actúa contraria a la ley, es deber del Tribunal remediar la situación y restaurar el equilibrio de poderes", dijo la juez Lin.
El fiscal general de California, Rob Bonta, celebró la decisión de los tribunales, subrayando que la suspensión de los fondos por parte de la Administración Trump era "ilegal".
"Hemos conseguido una decisión que bloquea la retención ilegal por parte de la Administración Trump de miles de millones en financiación para infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos. La Administración no puede desestimar ilegalmente programas [como este] solo para que los amigos del presidente, las grandes petroleras, puedan seguir disfrutando de unos beneficios sin precedentes", dijo el fiscal Bonta.