La Administración Trump le pide a la Corte Suprema que levante el nuevo bloqueo a los despidos masivos

El Gobierno del presidente Donald Trump presentó el lunes una solicitud ante la Corte Suprema de Estados Unidos para que se levante el bloqueo impuesto por una jueza federal a los despidos masivos en la burocracia federal, calificando la decisión judicial como basada en una “premisa indefendible” que exige autorización del Congreso para tales acciones. 

Esta solicitud marca la 18ª apelación de emergencia presentada por la Administración ante el tribunal superior desde que asumió el cargo y la segunda vez que este caso en particular llega a los jueces.

El conflicto legal se centra en una orden judicial emitida en mayo por la jueza de distrito Susan Illston, designada por el expresidente Bill Clinton, en San Francisco. 

La orden de Illston prohíbe indefinidamente la implementación de reducciones de personal a gran escala, conocidas como Reducciones en la Fuerza (RIF), en una amplia gama de agencias federales. La jueza argumentó que el Congreso debe autorizar explícitamente cualquier RIF, una postura que la Administración Republicana considera errónea.

En su apelación, el procurador general D. John Sauer afirmó que la medida cautelar de Illston “detiene y retrasa un programa gubernamental para implementar los RIF de las agencias, lo que mantiene una fuerza laboral inflada e ineficiente y desperdicia innumerables dólares de los contribuyentes”. 

Sauer subrayó que la orden judicial obstaculiza los esfuerzos de la Administración para reformular la burocracia federal, un objetivo clave que incluye reducir significativamente la fuerza laboral en varias agencias y desmantelar otras por completo, en línea con la creación del nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).

El caso tiene su origen en una orden ejecutiva firmada por el presidente Trump en febrero, que ordenaba a todas las agencias federales prepararse para un RIF. Esta directiva desencadenó una demanda presentada por una coalición de sindicatos, grupos de defensa y gobiernos locales, quienes argumentan que los despidos masivos son ilegales sin la aprobación del Congreso. 

La orden de Illston representa la segunda intervención judicial en este asunto, después de que un bloqueo previo, también apelado por la Administración, expirara tras dos semanas cuando la Corte Suprema se negó a intervenir.

La apelación más reciente surge tras la decisión de un panel dividido del Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito, que el viernes pasado rechazó la solicitud de la administración para levantar la orden de Illston. 

El gobierno argumenta que la demanda es prematura, ya que muchos de los RIF aún no han sido finalizados, y que las impugnaciones a estas reducciones deben dirigirse a juntas de revisión especializadas, no a tribunales federales de distrito.

Por su parte, la jueza Elena Kagan, encargada de los asuntos de emergencia provenientes del Noveno Circuito, ordenó a los demandantes presentar una respuesta dentro de una semana. Kagan podría decidir sobre la solicitud de manera individual o remitirla al pleno de la Corte Suprema para una votación, algo que ya ha ocurrido con las apelaciones de emergencia de la Administración.