El DHS pone fin a un polémico programa de vigilancia aeroportuaria para evitar su uso como herramienta de manipulación política
El Departamento de Seguridad Nacional señaló que el programa generaba un gasto anual cercano a los 200 millones de dólares y había sido desviado de su propósito original para fines políticos.
Personas en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles
El Gobierno de Estados Unidos está desmantelando el programa “Quiet Skies”, una estrategia de vigilancia implementada en aeropuertos desde 2010. La decisión fue comunicada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que señaló que el programa generaba un gasto anual cercano a los 200 millones de dólares y había sido desviado de su propósito original para fines políticos.
De acuerdo con el DHS, el programa mantenía listas de vigilancia y también de exenciones especiales que permitían a ciertas personas eludir los controles de seguridad estándar. Estas exenciones incluían desde miembros de familias reales extranjeras hasta celebridades, políticos, deportistas y periodistas seleccionados.
Acusaciones de manipulación política
Kristi Noem, secretaria del DHS, denunció que el programa fue empleado como "arma política" durante la presidencia de Joe Biden, utilizado para obstaculizar a adversarios del gobierno y favorecer a aliados influyentes. Noem calificó esta práctica como una corrupción que afectaba la seguridad nacional y pidió una investigación para esclarecer los hechos. “Exijo una investigación del Congreso para desenmascarar la corrupción en detrimento del pueblo estadounidense y el menoscabo de la seguridad nacional de Estados Unidos”, dijo.
Un caso que encendió las alarmas
Entre los casos que avivaron la controversia está el de William Shaheen, esposo de la senadora demócrata Jeanne Shaheen. De acuerdo con CBS News, Shaheen fue retirado de la lista de vigilancia tras la intervención de su esposa con la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), luego de enfrentar dificultades en un vuelo. El DHS indicó que Shaheen había viajado en al menos tres ocasiones acompañado por una persona señalada como presunto terrorista.
Críticas previas y preocupaciones por la privacidad
El programa ya había sido cuestionado por grupos civiles y políticos. En 2018, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) criticó la vigilancia encubierta que la TSA realizaba sobre viajeros sin justificación clara ni transparencia. Hugh Handeyside, abogado de la ACLU, destacó que aunque la existencia del programa era pública, la TSA había ocultado información clave, generando inquietud sobre el impacto en derechos civiles y la retención de datos personales.
¿Qué sigue para la seguridad aérea?
LO ÚLTIMO
