Un juez federal bloquea la orden de Trump que suspendía los tratamientos para reclusos transgénero y ordena a las prisiones continuar con la terapia hormonal

Un juez federal ordenó el martes que las prisiones federales de Estados Unidos continúen proporcionando terapia hormonal y adaptaciones sociales a reclusos transgénero, bloqueando una orden ejecutiva del presidente Donald Trump que buscaba suspender estos tratamientos. 

La decisión, emitida por el juez de distrito Royce Lamberth, designado por Ronald Reagan, representa un revés para los esfuerzos de la Administración Trump de limitar los fondos federales a la terapia hormonal para reclusos transgénero.

Lamberth dictaminó que la Oficina Federal de Prisiones (BOP) no puede suspender arbitrariamente medicamentos ni adaptaciones consideradas médicamente necesarias por su propio personal, especialmente sin evaluar los efectos potencialmente perjudiciales de dichas políticas. 

“Todas las partes parecen estar de acuerdo en que los demandantes nombrados necesitan terapia hormonal”, escribió Lamberth en su fallo de 36 páginas, destacando que la BOP violó procedimientos federales al implementar la orden de Trump sin un análisis adecuado.

La orden de Trump, emitida tras su toma de posesión en enero, instruía a la BOP a revisar sus políticas para garantizar que no se destinaran fondos federales a tratamientos que “adaptaran la apariencia de un recluso al sexo opuesto”. 

Sin embargo, Lamberth certificó que el fallo aplica a todos los reclusos federales con disforia de género que reciben terapia hormonal, un grupo de aproximadamente 1.000 personas, de las cuales más de 600 seguían recibiendo sus medicamentos a pesar de la directiva.

El comienzo del caso

El caso fue iniciado por tres reclusos transgénero: Alishea Kingdom, Solo Nichols y Jas Kapule, quienes habían recibido terapia hormonal y acceso a artículos como ropa interior acorde a su identidad de género. 

Kingdom enfrentó la suspensión de su tratamiento en febrero, lo que le causó ansiedad, ataques de pánico y pensamientos suicidas, mientras que Nichols vio reducida su dosis de testosterona temporalmente. Ambos recuperaron sus tratamientos tras presentar la demanda. Kapule, por su parte, mantuvo su terapia sin interrupciones.

Lamberth argumentó que los reclusos sufrirían “daño irreparable” sin la intervención judicial, subrayando que la BOP no justificó adecuadamente la suspensión de tratamientos esenciales. 

Por su parte, el Departamento de Justicia (DOJ) defendió que la BOP podía proporcionar terapia hormonal para tratar condiciones como ansiedad o depresión asociadas a la disforia de género, pero el juez desestimó esta interpretación por inconsistente con la orden ejecutiva.

La decisión asegura que los reclusos transgénero continuarán recibiendo atención médica y adaptaciones sociales.