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ANÁLISIS

Indignación en Reino Unido: el 'pánico moral' de los laboristas permitió el encubrimiento de las bandas de captación sexual de menores

Un informe revela que las autoridades evitaron registrar el origen étnico de los agresores por miedo a crear tensión racial dentro de las comunidades o ser tratadas de racistas. Esto hizo que se desestimara un sinnúmero de denuncias de abuso sexual a menores, calificándolas de "sensacionalistas o falsas".

El primer ministro británico, Keir Starmer

El primer ministro británico, Keir StarmerAFP.

Carlos Dominguez
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Las llamadas bandas de captación (grooming gangs) han sido responsables por años de abuso sexual contra menores de edad en Reino Unido, principalmente niñas blancas provenientes de la clase obrera y trabajadora. Estos grupos criminales están constituidos mayormente por hombres de origen paquistaní y solicitantes de asilo que han logrado operar impunemente bajo la mirada complaciente de las autoridades. 

Durante estos últimos años, la escasa respuesta institucional ante estas atrocidades se debe, entre otras cosas, al  'pánico moral' que paraliza a un Gobierno que se piensa progresista. El miedo que tienen los laboristas de ser acusados de racismo ha traído como consecuencia que se ignoren múltiples denuncias de abuso sexual contra menores de edad.

En enero, el primer ministro, Keir Starmer, trató de politizar la situación, afirmando que no era necesaria una investigación nacional sobre las violaciones y los abusos sistemáticos de niñas, ya que los que se preocupaban por esto "querían subirse al carro de la extrema derecha".

Sin embargo, este lunes, un informe por fin reveló que hubo fallos sistémicos y encubrimientos institucionales en el procesamiento de una infinidad de delitos cometidos por estas bandas organizadas de groomers, que durante tanto tiempo han explotado sexualmente a menores de edad en Reino Unido.

Un informe aterrador: las víctimas eran tratadas de "prostitutas" mientras que sus agresores estaban libres

El documento, publicado por la baronesa Casey, que cuenta con casi 200 páginas, concluye que las autoridades evitaban a menudo registrar el origen étnico de los agresores por miedo a ser consideradas como racistas o a crear tensión racial dentro de las comunidades. En muchos casos, la funcionaria encontró que los términos como "pakistaní" se borraban de los archivos oficiales. Según el informe, la reticencia a enfrentarse al origen étnico de los perpetradores le ha dado más poder a estas bandas criminales.

De acuerdo con el reporte, los agresores atraían a las menores en situación de vulnerabilidad con obsequios para abusar de ellas, utilizando alcohol, drogas y violencia para mantenerlas sometidas y controladas, aunque también indica que "el proceso de captación se inicia en línea" y que "los 'puntos críticos' podrían haberse movido de los parques a las tiendas de vapeo y al uso de hoteles con posibilidad de registro anónimo".

El reporte también arrojó otros datos escalofriantes : 

  • Víctimas de tan solo 10 años de edad -a menudo niños en centros de acogida o con discapacidades físicas o de aprendizaje- eran elegidas para la captación precisamente por su vulnerabilidad.
  • Los agresores seguían libres porque nadie unía las pistas o porque la ley acababa protegiéndoles a ellos en lugar de a las víctimas a las que habían explotado.
  • Fallos institucionales profundamente arraigados, que se remontan a décadas atrás, en los que las organizaciones que deberían haber protegido a los niños y castigado a los delincuentes miraron hacia otro lado.  

La baronesa Casey descubrió que "la ceguera, la ignorancia, los prejuicios, la actitud defensiva e incluso las buenas intenciones mal orientadas" desempeñaron un papel en este fracaso colectivo, que hizo que se desestimara un sinnúmero de denuncias, calificándolas de "sensacionalistas o falsas".

En el fondo, el reporte identificó una gran falla en tratar a las niñas como niñas. Un fracaso continuado a la hora de proteger a las menores y a las adolescentes de la explotación sexual, y de la violencia grave. Asimismo, se descubrió que aquellos que ocupaban puestos de poder dentro de las instituciones gubernamentales describían a las víctimas como "niñas prostitutas" y a menudo estas eran tratadas como delincuentes mientras que sus agresores caminaban libres por las calles. 

Por último, el reporte pidió leyes más estrictas, la recopilación obligatoria de datos sobre etnia y nacionalidad de los perpetradores, y ha insistido en la necesidad de tratar a las víctimas como menores, no como participantes voluntarios.

Tras la publicación del informe, la ministra del Interior, Yvette Cooper, dijo el lunes que el Gobierno laborista aceptará todas las recomendaciones expuestas en el documento de la baronesa Casey, incluida la creación de una investigación nacional sobre estas bandas de captación de menores. 

Por su parte, Keir Starmer no ha tenido más remedio que aceptar esta investigación nacional, la que posiblemente expondrá a todos aquellos miembros de su partido que han encubierto estas aberraciones durante años.

Un encubrimiento con historial y prontuario 

Pero lo más inquietante de todo, como deja claro la baronesa Casey, es el hecho de que demasiadas de estas conclusiones no son nuevas.

Como expone su informe, se han realizado 15 años de reportes, revisiones, indagaciones e investigaciones sobre estas atroces violaciones, explotación y delitos violentos contra estas niñas -detallados a lo largo de 17 páginas en su informe-, pero muy poco ha cambiado.

En 2014, las autoridades de Rotherham ordenaron un reporte independiente. El informe de Rotherham señaló numerosos casos en los que la policía y funcionarios fallaron en intervenir. Fallos que fueron considerados como "flagrantes". 

El reporte también arrojó que entre 1997 y 2013, a pesar de un sinnúmero de denuncias, sólo un caso de abuso sexual había sido procesado. Los autores igualmente estimaron que al menos unas 1.400 niñas habrían sido víctimas de estas redes de captación de menores.

El reporte de Rotherham coincidió con el descubrimiento de casos similares en otras ciudades como Oxford, Oldham y Rochdale.

Los laboristas bajo el escrutinio de los conservadores

Anteriormente, se han producido casos de posible obstrucción de la justicia por parte del partido de Starmer. Uno de estos es el de Shaun Davies, diputado laborista por Telford, una de las zonas más afectadas por la captación de menores. El funcionario fue elegido en 2024 y se le asignó un puesto en el Comité Selecto de Asuntos Internos, un grupo encargado de examinar las investigaciones sobre la explotación infantil

Esta semana, Davies dijo que, en 2016, la antigua ministra conservadora del Interior, Amber Rudd y Rishi Sunak, en aquel entonces miembro del Parlamento por Richmond"se negaron a proporcionar una investigación reglamentaria" sobre las bandas de captación de menores en Telford.

Sin embargo, según pudo revelar The Spectator, en 2016, Lucy Allan, diputada conservadora por Telford, solicitó una investigación tras haber sido contactada por varias víctimas que querían exponer sus casos de abuso sexual ante la justicia. 

La respuesta de Davies, quien en ese entonces ocupaba el cargo de presidente del Consejo de Telford y Wrekin, fue firmar una carta dirigida a Amber Rudd, en la que aseguraba "en este momento no creemos que sea necesaria una nueva investigación" sobre la captación de menores en la región.

Davies no es el único, según asegura The Spectator, hay otros como él en ayuntamientos laboristas de todo el país, que las víctimas de las bandas de captación de menores consideran que podrían haber hecho más para ayudarles a obtener justicia.

Por su parte, en 2023, el entonces primer ministro conservador Rishi Sunak formó un grupo de trabajo, el Grooming Gangs Taskforce, con agentes de más de 40 cuerpos de policía del Reino Unido. El equipo pudo identificar a unas 4.000 víctimas y realizó más de 500 arrestos.

Los conservadores piden una investigación nacional contundente

La líder conservadora, Kemi Badenoch, dijo esta semana que ya no se pueden seguir blanqueando estas atrocidades.   

Según Badenoch, la nueva investigación nacional recomendada por la baronesa Casey debe abordar las preguntas difíciles: ¿El miedo a ser llamado racista condujo a un encubrimiento? ¿Enfrentará un juicio cualquiera que haya fallado a estas niñas - policía, Consejos, la Fiscalía de la Corona (CPS)? ¿Lograrán por fin las supervivientes una investigación en la que puedan confiar?

"Las vacilaciones no harán justicia. El procesamiento debe ser paralelo a la investigación, no posterior", aseguró Badenoch. 

El rol de Starmer como fiscal jefe de Reino Unido 

Entre 2008 y 2013, Keir Starmer fue director de la Fiscalía de Inglaterra y Gales, al frente de la Fiscalía de la Corona. Ese es el momento en el que salieron a la luz una infinidad de casos de captación de menores, especialmente en Rochdale y Rotherham

Desde entonces, Starmer ha declarado que durante su mandato abordó estos casos "sin rodeos". La oposición, sin embargo, ha cuestionado si el CPS bajo su mandato actuó con suficiente rapidez o decisión, especialmente dada la magnitud de los abusos revelados posteriormente en ciudades como Rotherham, donde más de 1.400 menores fueron explotadas sexualmente entre 1997 y 2013.
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